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El Tribunal Constitucional anula la Ley de Custodia Compartida de la Comunidad Valenciana

Publicado: 12 de Diciembre de 2016

El Tribunal Constitucional en su Sentencia de 16 de noviembre de 2016 declaró la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de la Ley de la Comunitat Valenciana 5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no convive, más conocida como Ley de Custodia Compartida.

El Tribunal Constitucional en esta Sentencia, se basa en la misma doctrina por la que ya declaró inconstitucionales la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, y la Ley de Uniones de Hecho formalizadas en la Comunidad Valenciana. Dicha doctrina es la falta de prueba de la existencia de normas consuetudinarias que permitieran reconocer la pervivencia de costumbres sobre esta materia vigentes en el 1978 tras la derogación dels Furs de València, que pudieran servir de punto conexión.

La principal peculiaridad de esta ley era que establecía como regla general la guarda y custodia compartida para ambos progenitores, siempre, eso sí, atendiendo al interés del menor (principio de favor filii) y a una serie de factores que se enumeraban en la propia ley, como la edad del menor, su opinión, informes psicológicos, posibilidad de conciliar la vida familiar y laboral de los progenitores,…

Y a partir de ahora, ¿qué ocurre con la custodia compartida en la Comunidad Valenciana? ¿Qué legislación se aplica?

Tras la derogación de esta Ley, en la Comunidad Valenciana volverá a aplicarse lo dispuesto en el Código Civil en esta materia. El Código Civil, en su art. 92, no establece como regla general el régimen de guarda y custodia compartida, pero el Tribunal Supremo en su Sentencia nº 257/2013 de 29 de abril de 2013 ya fijó como doctrina jurisprudencial la preferencia por el régimen de guarda y custodia compartida siempre que se den elementos favorables para su adopción. De este modo, el Tribunal Supremo estableció que:

            “Se declara como doctrina jurisprudencial que la interpretación de los artículos 92, 5 , 6 y 7  del CC (referidos a la custodia compartida) debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven. Señalando que la redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea.”

Por todo ello, en la práctica habitual para nada afecta la declaración como inconstitucional de la Ley de custodia compartida, pues fijada como doctrina por el Tribunal Supremo la preferencia por la guarda y custodia compartida siempre podrá solicitarse la misma como medida principal. No obstante, habrá que estar al caso concreto para poder considerarse este régimen como el más beneficioso para el interés del menor, en virtud del principio favor filii.

Adrián Vidal Batiste

Abogado

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